La AAJM denuncia: "aprobación por PP, PSOE y SUMAR del secreto del precio de los medicamentos"

• En la historia universal de la infamia de Borges cabría añadir un capítulo sobre este penoso episodio

 

El pasado jueves 25 de junio, el Ministerio de Sanidad y por tanto el Gobierno de España, a través de los grupos parlamentarios del PSOE y SUMAR, con gesto impasible, sumó sus votos al PP, con nocturnidad y alevosía por el método utilizado, para aprobar una proposición infame que sigue al pie de la letra la posición de la industria farmacéutica.  De esta forma se consolidan una vez más los beneficios abusivos de la industria farmacéutica a costa de los bolsillos de la ciudadanía.

 

A través de una enmienda transaccional a la Proposición de Ley del programa de cribado neonatal, tramitada de urgencia en la Comisión de Sanidad, se introduce la modificación de los artículos 97 y 106 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. En ella se expresa: “los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adquisición de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones Públicas tendrán carácter confidencial y no podrán ser revelados ni por la Administración General del Estado ni por las empresas u otras entidades que sean parte de dichos acuerdos”.

 

Votó en contra el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, que denunció la aprobación de esta medida sin debate público y con secretismo

 

Ahora será el Senado, en los próximos veinte días, quién deberá, refrendar, modificar o retirar este acuerdo. Es altamente probable su aprobación, teniendo en cuenta la mayoría holgada del PP, PSOE y SUMAR. Así, la industria farmacéutica logra imponer su estrategia de mantener el secreto de los precios y negociaciones. Una posición que la industria farmacéutica ha mantenido durante años impugnando de forma reiterada las resoluciones de la Comisión de transparencia ante los tribunales.

 

El argumento utilizado por el Ministerio de Sanidad para justificar esta proposición son las consecuencias para nuestro país de la política que Trump está aplicando de doctrina de Nación Más Favorecida (MNF por sus siglas en inglés) en los EEUU Con ella, Trump expresa públicamente su queja de los altos precios de los nuevos medicamentos en EEUU, más elevados que en los países de la Unión Europea y otros países. 

 

Y es verdad. En EEUU los precios de los fármacos no tienen ningún control de la Administración (con muy escasas excepciones) y las empresas exigen y sitúan en el mercado el medicamento al precio más alto posible. En la Unión Europea, los gobiernos realizan algún tipo de discusión y revisión con las diferentes empresas farmacéuticas, en el proceso de aprobación de la financiación pública de fármacos consiguiendo con dificultad precios algo menos caros, aunque, en general, muy por encima de los costes reales. Trump quiere pagar menos y asimilar los precios de sus fármacos a los del G7 más Dinamarca y Suiza. Sin duda podía hacer más, como sería exigir el pago por coste de fabricación y de I+D, promoviendo la modificación de su legislación. Pero el terrible poder de la industria y las gestoras de fondos de inversión que la respaldan sobre las decisiones de la Administración y el gobierno Trump bloquean cualquier alternativa en este sentido.

 

El Ministerio de Sanidad de SUMAR y PSOE asume y acepta el mensaje reiterado de la industria farmacéutica y de sus principales empresas. La posible publicación de precios alcanzados menores que los que paga EEUU, llevaría, según las informaciones que la industria farmacéutica realiza a través de sus medios de comunicación, a las empresas a retrasar las negociaciones y por tanto a no facilitar la entrada de determinados medicamentos. Ese retraso podría suponer demoras en la comercialización de nuevos medicamentos necesarios en España, y por tanto en su acceso. Sin embargo, esta argumentación es la que distribuyen en diferentes medios diversas empresas farmacéuticas como forma de presión sobre gobiernos y administraciones europeos. En realidad, es una forma de chantaje y extorsión claramente inaceptable.

 

El Gobierno de España y su Ministerio de Sanidad cometen un grave error. 

 

Ceden a la conocida posición de la industria de que no se conozcan los precios que pagamos con dinero público por los medicamentos, ni lo que cuesta su fabricación y su investigación. Y es que, si se publicara esta información, sería un escándalo, porque en muchos casos estamos pagando 10, 50 y 100 veces más de lo que cuestan los medicamentos. ¡Con dinero público! Esto produce unas ganancias anuales abusivas a los fabricantes de más de 10.000 millones de euros, entre sobre precios y sobre medicación. Esas ganancias excesivas, van en detrimento de otros recursos, fundamentalmente de personal, con sus consecuencias de aumento de las listas de espera y deterioro de la calidad de los servicios. Además, con parte de ese dinero capturan los sistemas públicos de información y la inteligencia del sistema condicionando el funcionamiento de este y su actual deterioro.

 

La estrategia del Ministerio debería ser negociar precios cercanos al coste de fabricación y de I+D. Si la industria no acepta y exige precios abusivos, debería denunciarlo y liderar alianzas con otros países para bajar el precio a niveles razonables. Entre tanto se podrían aplicar licencias obligatorias para importar o fabricar medicamentos genéricos o biosimilares.

 

Imaginemos si en cualquier otro ámbito (construcción de edificios públicos, compra de maquinaria, retribuciones de personal, etc.) se mantuviera el secreto de lo que pagan las Administraciones Públicas, y nos enteráramos de que se están pagando precios 10 veces más caros de lo que cuestan realmente. ¿No sería motivo de denuncia y sanción?

 

Además, es necesario realizar una pregunta importante ¿A que responde la celeridad con la que el Ministerio de Sanidad impulsa esta aprobación de urgencia y sin debate público? Seguramente tiene relación con la posibilidad plausible que el Tribunal Supremo en una próxima sentencia emita un fallo favorable en relación con una demanda de Civio sobre la transparencia del proceso de negociación de precios 

 

Todo el asunto es lamentable. Borges le hubiera dado mejor prosa y hubiera relatado con tristeza este día aciago en el que se dio una puñalada artera al Sistema Nacional de Salud.

•  Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM) https://accesojustomedicamento.org/