Hachazo a la transparencia sobre el precio de los medicamentos financiados por la sanidad pública. Maniobra torticera de la coalición PSOE-Sumar en el Gobierno de España.

 

Nota de prensa de la AAJM, 27 de marzo de 2026.

La coalición PSOE más Sumar quiere convertir en secreto permanente el precio real pagado por cada medicamento cubierto por la sanidad pública. Y lo quiere hacer, además, sin debate y por la puerta de atrás. 

Para conseguir este objetivo los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar han presentado la enmienda 259 que se inserta como disposición final en el Proyecto de ley sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta manera no pasa por la Comisión de Sanidad del Congreso, que es donde debería debatirse, y se incrusta en una Ley con amplio consenso social, como es la discapacidad, hurtando de esta manera el debate necesario.

Esta enmienda modifica el art.97.3 del RD Legislativo 1/2015 que protege la Información que las empresas farmacéuticas proporcionan a la Administración. Pero la enmienda va más allá al proteger también “los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de las mismas o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones Públicas, tendrán carácter confidencial”. Es decir, no quieren que se conozca cuanto se paga por un medicamento con nuestros impuestos.

El secretario de Estado de Sanidad lo justifica usando la aplicación del presidente Trump y sus políticas trumpistas de la “Cláusula de la Nación más favorecida” (MFN) que obliga a que EEUU no pague por un medicamento más que cualquier otro país del G7, además de Suiza y Dinamarca”. Según el Sr. Padilla “la publicación del precio neto podría suponer una barrera al acceso a los medicamentos innovadores”  Aunque también reconoce que los estudios “sobre posibles consecuencias de publicar el precio neto en España son difícilmente concluyentes” y que la cláusula MFN supondrá “pequeños retrasos” en la incorporación de nuevos medicamentos. 

Lo que sí está claro es que esto supone un enorme retroceso en las políticas de transparencia de cualquier Gobierno y el triunfo de la estrategia de la Industria farmacéutica contraviniendo además lo que España votó en la OMS. La 72 Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución que instaba a los Estados Miembros de la OMS a publicar los precios que los gobiernos pagan por lo medicamentos lo que contribuiría a precios más asequibles y ampliar el acceso a los medicamentos. Pero bueno, ya sabemos que EEUU se fue de la OMS y que España, aunque no se vaya por lo que parece con esta decisión no hace caso.

Es curioso que esta enmienda se justifique invocando la capacidad negociadora del Estado y la cláusula MFN, argumentos que lleva esgrimiendo la industria farmacéutica hace tiempo, y además resulta aún más impactante y extraño que se haga con prisas cuando precisamente se está pendiente la decisión judicial del Tribunal Supremo que pueden fijar doctrina sobre la transparencia.

La posición del Ministerio con esta enmienda “progresista” es indistinguible de la posición de la Industria. Este cambio tan importante y trascendente de la política del Ministerio merece cuanto menos una explicación. Nos gustaría conocer si esta medida se debe amenazas de la industria farmacéutica o bien a otro tipo de intereses.

Para esta Asociación, es desalentador comprobar que gobiernos teóricamente de izquierdas se hacen indistinguibles en sus propuestas de gobiernos de orientación ultraliberal.

Consideramos que el MS debe rectificar de forma inmediata, y anular la introducción de esta enmienda en la ley. Este despropósito debe corregirse, impidiendo así, que el precio que se paga por un medicamento en España pase a ser secreto de Estado.

 

De dónde venimos, explica nuestra desagradable sorpresa

 

La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) tiene como objetivo fundamental, asegurar la accesibilidad y la asequibilidad a todos los ciudadanos y ciudadanas de los medicamentos y vacunas necesarios para el mantenimiento y recuperación de la salud. Con este motivo y dentro de la plataforma No Es Sano nos dirigimos a la ministra de Sanidad Mónica García el 24 de noviembre de 2023 expresándole nuestro objetivo común con el resto de las organizaciones que era y es mejorar la política farmacéutica y garantizar la transparencia, la eficacia, la calidad, la accesibilidad y la asequibilidad de los medicamentos, vacunas  y de todas las tecnologías sanitarias en el Sistema Nacional de Salud (SNS). 

 

Consideramos fundamental y así lo manifestábamos en la citada carta la necesidad de “asegurar la transparencia en lo que se refiere a los costes de I+D en todas las etapas del proceso de desarrollo y producción de medicamentos y tecnologías sanitarias, tal y como recogen resoluciones recientes de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud y del proceso de negociación y fijación de precios”.

 

Pensábamos y entonces creíamos compartir con el nuevo Ministerio de Sanidad (MS) del Gobierno de España, en este caso de Sumar (Más Madrid), una posición próxima que asegurara la transparencia y consiguiera precios justos y asequibles basados en los costes reales, con márgenes de beneficios razonables. 

 

Desde 2022 hemos acudido en ocasiones sucesivas al Consejo de Transparencia y Buen gobierno solicitando su posición activa instando al MS, información sobre precios de medicamentos, financiados con fondos públicos ante la negativa a proporcionar los datos de negociación y precios por sus sucesivos responsables.  A lo largo de este periodo se han producido sentencias previas de juzgados de lo contencioso administrativo que dieron la razón a la petición, pero que posteriormente fueron rechazadas por la Audiencia Nacional. En el momento actual está pendiente una resolución del Tribunal Supremo cuyo contenido podría cambiar definitivamente la transparencia en la negociación de precios. 

 

En este contexto nos produce asombro y consternación la posición adoptada recientemente por el Ministerio de Sanidad y defendida por el secretario de Estado Javier Padilla, que supone un giro de 180° en su postura anterior 

 

Efectivamente, y como denuncia CIVIO el Ministerio de Sanidad desempeñado ahora por la Coalición Sumar, con un teórico supuesto enfoque “progresista” dirigido a proteger los derechos de la ciudadanía y a garantizar un acceso Justo y asequible a los medicamentos ha tomado la decisión sorprendente enunciada en el incido de este comunicado; es decir, adoptar los postulados de la industria farmacéutica y hurtar a la ciudadanía del conocimiento del precio que se paga por medicamentos financiados públicamente.