SEGÚN LA ASOCIACIÓN POR EL ACCESO JUSTO AL MEDICAMENTO: La Comisión para la Reconstrucción elude el espinoso asunto de los altos precios de los medicamentos. ACTA SANITARIA 23-07-2020

La Comisión para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados ha eludido, en su informe final, el espinoso asunto de los altos precios de los fármacos, según la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento (AAJM), lo que pudo extraerse de la mesa redonda titulada ‘Política de Medicamentos en la Reconstrucción después de la Pandemia‘, en la que esta organización apeló a voces autorizadas para conocer la situación actual desencadenada por la nueva enfermedad y las propuestas acotadas en la Cámara Baja.

Juan José Rodríguez Sendín

Gritar contra la avaricia

El presidente de la AAJM, el doctor Juan José Rodríguez Sendín, afirmó que esta Asociación surgió como una iniciativa ciudadana y profesional impulsada desde colectivos preocupados por las dificultades que plantean los altos precios de los medicamentos para el acceso de los enfermos a terapias necesarias para recuperar y conservar su salud, ya que se trata de una organización que considera el fármaco como un bien a la vez público y social, además de un derecho humano, y nunca como un producto financiero.

Según Juan José Rodríguez Sendín, el medicamento debe llegar a todo el mundo de manera universal, aunque vivamos en un tiempo en el que el alto precio de las nuevas moléculas pone en serio riesgo la estabilidad de los sistemas sanitarios de los países, incluso, desarrollados.

Una lucha desigual

Pese a ello, el expresidente de la Organización Médica Colegial (OMC) lamentó celebrar esta mesa redonda el mismo día en el que se conocieron las propuestas para la reconstrucción del país y su Sanidad, medidas que entiende como claramente insuficientes para poner en plano de igualdad el poder de las farmacéuticas transnacionales y las necesidades de salud de los ciudadanos.

Para moderar este debate, Rodríguez Sendín destacó el valor del periodista José Carmona, al no ser fácil encontrar, a su juicio, voces discordantes frente a un discurso casi unívoco sobre la realidad farmacéutica española e internacional.

El presidente de la AAJM celebró, en cualquier caso, poder celebrar con medios telemáticos un encuentro virtual, más fácil de organizar, y menos oneroso, que las tradicionales citas presenciales, una ocasión a la que seguirán otras en las que volver a insistir en que el derecho de patentes es un mantra entonado polifónicamente por aquellos a quienes beneficia, en un ambiente que no estimula la investigación pública de medicamentos y en el que la pandemia debería animar a los Estados a buscar la aplicación de licencias obligatorias, como argumentaron los sucesivos ponentes.

José Carmona

Ambigüedades y ausencias

El citado periodista, adscrito al diario Público, se refirió al documento de la Comisión de Reconstrucción Social y Sanitaria del Congreso de los Diputados como a un texto ambiguo y cargado de verbos que invitan más que instan a la acción, debido a que dedujo, de sus 130 páginas, que no entra en cuestiones esenciales, como la de los precios máximos de los medicamentos.

En ese sentido, observa José Carmona una corriente internacional que hace posible que el Gobierno de Estados Unidos se plantee la aprobación de una compra millonaria para una vacuna para el SARS-CoV-2 que aún no fue aprobada siquiera por la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA).

Para Carmona, hay campo para iniciativas políticas, como el recurso a las licencias obligatorias que pueden suspender temporalmente las patentes de los medicamentos nuevos, dado que, según su opinión, se pueden defender derechos con la actual Constitución, sin necesidad de recurrir a más legislación, como decía el recientemente fallecido Julio Anguita, que fue líder de Izquierda Unida (IU).

Fernando Lamata

Precios inasumibles

Fernando Lamata, que fue miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), analizó la situación actual de los medicamentos y el enfoque de la Comisión de Reconstrucción, desde el repaso a los problemas y las soluciones que plantea.

Coincide Fernando Lamata en que la falta de acceso es un grave problema que no ataca de frente el documento elaborado por los diputados y que es la fijación de precios máximos posibles, ante ejemplos como los 300.000 euros que cuesta cada tratamiento con Kimryah y otro que podría alcanzar los dos millones de euros por paciente, realmente imposibles de pagar por el sistema sanitario.

Un problema invisible

Lamenta Fernando Lamata que uno de cada tres pacientes en el mundo no tenga acceso a los medicamentos que necesita, con un coste anual en vidas que alcanza los 10 millones, mientras que, en España, se trata de un problema invisible, por el sistema de financiación y dispensación, aunque, según sus números, afectó a 1,5 millones de personas que, en 2019, no pudieron pagarse sus medicinas.

Todo ello en paralelo al problema creciente de los desabastecimientos que se producen porque los fármacos nuevos, mucho más caros, expulsan a los maduros, de inferior rentabilidad, dentro de un incremento de gasto farmacéutico que este ponente cifra en 761 millones de euros.

Según Lamata, entre enero y abril, ese incremento de recursos invertidos en medicamentos fue de 507 millones de euros, que podrían haber servido para contratar hasta 7.000 nuevos profesionales sanitarios. De esta forma, al no dar ese destino a ese dinero, las actuales plantillas siguen agotadas, especialmente después de la pandemia.

Ello con un reflejo directo en las listas de espera, extremos que ejemplificó este ponente con los 11 días que le dieron a él mismo la víspera para acudir a su médico de Familia, y sin querer entrar en las largas dilaciones que afectan a las especialidades y las cirugías.

Sobre coste cuestionable

Lamata habló de un sobre coste de 8.000 millones de euros, entre lo que cuesta investigar y fabricar nuevas moléculas y los precios finales con los que salen al mercado, a partir de una fijación de los mismos que viene del hecho de que la industria investiga en aquellas áreas que más le convienen, sin que suelan ser ni los antibióticos ni las vacunas.

Este es un sobre precio que, tal como aseveró este ponente, también permite a los laboratorios costear la formación de los profesionales sanitarios y, también, a no pocas asociaciones de pacientes, de ahí que elogiara la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ‘Medicamentos a un Precio Justo‘ y la trayectoria de organizaciones internacionales como la Alianza Europea para el Acceso a Medicamentos Seguros.

A estas acciones, Lamata sumó la necesidad de fomentar los ensayos no comerciales de nuevas terapias, la formación pública de los profesionales sanitarios, además de las medidas necesarias para dotar a los nuevos medicamentos de precios más justos.

De licencias obligatorias

Para Lamata, las licencias obligatorias son prerrogativas de los Gobiernos de los países para retirar temporalmente la exclusividad de las patentes, de cara a poder asegurar los tratamientos a los ciudadanos, junto a cauces como el movimiento ciudadano de la hepatitis C, que consiguió torcer la voluntad de la autoridad sanitaria para universalizar unas terapias que se confirmaron como curativas, en un proceso de estallido social que tuvo su precedente remoto en los pacientes de VIH en la Sudáfrica del siglo XX.

Como otro precedente a tener en cuenta, este ponente citó el caso de la Unión Europea (UE) y los laboratorios Aspen, a los que obligó a reducir los precios después de que la compañía decidieran una subida unilateral del 300 por ciento. Además de apostar por la transparencia en la negociación de los precios y la financiación de los nuevos fármacos, también pide que sean públicos sus datos de investigación y fabricación.

Finalmente, estima Lamata que los copagos alejan del objetivo compartido de lograr un acceso universal a los fármacos como parte de la asistencia sanitaria, que es una conquista social, para lo cual habría que quitar la palanca de los altos precios de los fármacos.

Por esa razón, alabó este ponente el empeño de la socialista Soledad Cabezón al abrir brecha en cuestiones de interés general, aun cuando las mayorías en el Parlamento Europeo no le eran favorables, y desde imperativos éticos y morales que deber ser compatibles, aseguró, con el pragmatismo que debe guiar el día a día de las decisiones públicas.

Soledad Cabezón

Desde el seno de la UE

La impulsora del informe sobre ‘El acceso a los medicamentos en la Unión Europea‘, debatido en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la Eurocámara (ENVI), Soledad Cabezón, repasó las principales propuestas para el control de los precios de los fármacos y el respaldo a las políticas de investigación en el marco de la UE.

Como resumió Cabezón, fue en 2016 y 2017 cuando el Consejo de Europa ya se hizo eco de los fallos existentes en los mecanismos de acceso a los fármacos, años de los que surgió la necesidad de dotar a la UE de una adecuada estrategia farmacéutica que, en 2018, cobró forma de incentivos con las decisiones adoptadas en la ciudad danesa de Copenhage.

De todo ello, esta ponente extrajo que la Comisión Europea quiere tener una hoja de ruta, previa consulta pública, para dotar a los países miembro de una estrategia farmacéutica válida para las próximas décadas, para que haya disponibilidad y accesibilidad a nuevos fármacos, sin dañar irreparablemente la competitividad de una industria que es potente y necesaria, para lo cual propuso optar a un sistema de incentivos para la investigación, además de establecer adquisiciones innovadores mediante un fondo bien dotado.

Faltan antibióticos

Sobre los modelos calculados para asegurar la disponibilidad de antibióticos, entiende Cabezón como algo aún prematuro provisionar 1.500 millones de euros, por ser este el coste calculado por las resistencias antimicrobianas. Junto a ello, y tras analizar algunas fórmulas destinadas a escalar los precios de medicamentos como los antibióticos, no descarta opciones como pagar a plazos o como pedir responsabilidades por sobre costes futuros.

Todo ello además de incluir, la socialista, el coste de oportunidad, los criterios de Salud Pública, la investigación pública en áreas de necesidades no cubiertas y el seguimiento del retorno de las inversiones en las colaboraciones público privadas, al hilo de la directiva europea de transparencia, para evitar, señaló, precios abusivos y competencias desleales.

Estas son líneas de trabajo para las que la exeurodiputada reclama una suficiente voluntad política, al tener muy presente que el acceso a los medicamentos es parte del reconocimiento comunitario al derecho a la protección de la salud.

Juan Torres López

Cuestionar lo incuestionable

El catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla, el doctor Juan Torres López, se centró en la industria farmacéutica y sus planteamientos para poder disponer de nuevos medicamentos y vacunas. Partió, para ello, de una ubicación periférica del precio de los fármacos en el debate económico, traída a primera plana, no obstante, por la pandemia.

Ello como una forma de ver las orejas al lobo en un contexto común en el que se daba por inamovible que los medicamentos son muy caros por naturaleza, así como que la Tierra era plana. Ante eso, Juan Torres López replicó que la fijación de precios es un hecho de consenso social derivado del derecho de patentes que, en teoría económica, se percibe desde esa naturalidad para disponer de nuevos remedios y curas.

Todo ello dado que las empresas tienen que recuperar sus fuertes inversiones a la vez que se mantiene la competitividad. De esta forma, sin el esquema de patentes, se perdería eficiencia y los precios aún subirían más. Ante ese saber establecido en los libros de Economía, este catedrático reseñó que no se garantizan ni precios, ni recursos adecuados, ni situaciones de eficiencia; sino que el sistema está claramente desequilibrado porque campan en el mundo empresas en situación de monopolio.

Con todo ello, se genera una menor provisión para atender las necesidades de la población en situaciones de poder en el mercado para lograr beneficios extraordinarios, a lo que suma Torres López malas prácticas de mercado, como abuso judicial, sustitución artificial de moléculas, patentes inexistentes para cerrar la entrada al mercado a otros fabricantes y otras argucias corporativas.

No mercantilizar la vida

Para Torres López, los precios de los medicamentos oncológicos y para la hepatitis C funcionan como monopolios en Estados Unidos, factor que explica que los beneficios del sector alcancen el 17 por ciento, frente a un rendimiento empresarial que raramente supera el 5 por ciento en otras actividades.

Desde esa óptica, este ponente habló de filosofías que permiten el cambio social, sin mercantilizar la vida, ya que, según sus palabras, combatir la enfermedad para mantener la salud no debe ser un negocio en sí mismo.

Fármacos y neumonías

El catedrático de Farmacología Clínica en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), el doctor Joan-Ramon Laporte, razonó que acceso es un término tan ambiguo para las compañías como para los distintos sistemas sanitarios, donde no hay acceso transparente a los datos de los resultados de cada paciente en cada ensayo y donde Tamiflu tuvo, por ejemplo, un gran éxito internacional durante la dudosa pandemia de gripe A en 2009, junto a otros culebrones recientes, como los de rendesivir y la hidroxicloroquina durante la presente pandemia.

Este especialista rechaza un tipo de Medicina solucionista, arrogante, alienada y hasta sin alma, especialmente en Cataluña, como parte de un país que dispara el número de recetas por paciente y usa, en grandes cantidades, fármacos de distintos tipos que también multiplican el número de neumonías.

Por todo ello, Joan-Ramon Laporte resumió que hace falta un sistema sanitario generador de conocimiento y no un monumental comprador de humo, en relación a costosísimas moléculas de dudosa eficacia que se adquieren con dinero público, según sus palabras.

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