Una iniciativa legislativa popular (ILP) para "un precio justo de los medicamentos" presentada en el Congreso de los Diputados
Diecinueve organizaciones registraron
el martes 25 de junio de 2019, en el Congreso de los Diputados, una
iniciativa legislativa popular (ILP) que persigue cambiar el sistema
de fijación de precios de los medicamentos con el fin de que estos
tengan «un precio justo», así como lograr más transparencia en
este proceso.
Se trata de una iniciativa que supone
«el primer paso» para lograr «cambiar las reglas del juego» ya
que, según han explicado sus promotores en una rueda de prensa, las
farmacéuticas carecen «de ética» a la hora de establecer los
precios de los medicamentos que sufren subidas «indiscriminadas».
En este sentido, las organizaciones
plantean en la ILP una serie de modificaciones en el real decreto por
el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios con el fin de que
las administraciones tengan más capacidad para deliberar y fijar los
precios justos de los fármacos con «la máxima transparencia
posible».
Uno de los portavoces de la comisión
promotora, el presidente de la Plataforma de Afectados por la
Hepatitis C, Damián Caballero, ha abundado en que los costes de
fabricación e investigación de los medicamentos estén «bien
acreditados». «No sabemos cuándo hay reuniones de las
farmacéuticas con el Ministerio, no tenemos nociones de cómo se
desarrollan esas negociaciones, qué se plantean, qué elementos
ponen encima de la mesa la industria y cuáles son los puntos que
contraponen los responsable del Gobierno», ha explicado Caballero.
Según ha explicado otro de los
miembros de esa comisión, Fernando Lamata, de la Asociación por un
Acceso Justo al Medicamento (AAJM) ha puesto de ejemplo el caso de
los fármacos innovadores para tratar la hepatitis C. Así, ha
asegurado que la inversión del laboratorio en investigación y
fabricación rondó los 900 millones de euros, según reconoció al
Senado estadounidense, que distribuidos por el número de pacientes
por el mundo durante 20 años –los que dura la patente–saldría a
un coste unitario de 300 euros.
«En España hemos pagado una media de
20.000 euros por tratamiento, hemos gastado 2.000 millones para
tratar a 100.000 pacientes», ha resaltado Lamata, quien ha dicho que
la situación «no tiene sentido».
Por su parte, Vanessa López, de Salud
Por Derecho, ha explicado que la ILP establece «muy claramente»
cuál es el paradigma de la fijación que las organizaciones
consideran más adecuado para conseguir precios más justos, así
como de reconocer las inversiones de los diferentes actores y
que éstos tengan incentivos suficientes para que sigan teniendo
interés en ello. «Pero hacerlo a un beneficio razonable para las
compañías y a un precio asequible para el Sistema Nacional de
Salud», ha apostillado López.
La ILP también contempla el impulso de
la investigación pública de fármacos y la formación
independiente de los profesionales sanitarios con la creación de un
fondo para evitar los «conflictos de intereses» y mejorar el acceso
a las innovaciones con la garantía de una prescripción adecuada.
También para reducir los efectos negativos de la medicación
innecesaria.
En este punto, la presidenta del
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Laura Martínez,
ha mostrado su preocupación por la formación continuada de los
profesionales ya que es «muy dependiente» de los congresos y
publicaciones que realiza la propia industria farmacéutica. «Esto
puede generar sesgos en la prescripción con sobreutilización de
ciertos fármacos y pueden aparecer los denominados conflictos de
intereses», ha dicho Martínez, quien ha señalado que el fondo
público acabaría con estos problemas.
Una vez registrada la ILP, será la
Mesa del Congreso la que decida si la admite a trámite y si lo hace
las organizaciones tienen un plazo de nueve meses para recoger
500.000 firmas que permitan su debate en el Congreso.
* Para ver el texto de la ILP, pinchar aquí.
* Para ver el texto de la ILP, pinchar aquí.
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