La Asociación Acceso Justo al Medicamento denuncia la devaluación de las pensiones a través de los copagos farmacéuticos

Miércoles 21 de febrero de 2018. La Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM) ha elaborado una estimación del impacto que supone para los pensionistas el copago farmacéutico implantado por el Gobierno del Partido Popular en 2012. La cantidad estimada es de 120 euros por pensionista y año, algo que no compensa de ninguna manera las revaloraciones de las pensiones en un 0.25% que el Ejecutivo de Rajoy está aplicando cada ejercicio.

La AAJM recuerda que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, señaló que en 2018 se mantendrá la revalorización de las pensiones con el aumento de un 0,25%. Ese aumento supone para una pensión de 1.000 € mensuales, 2,5 € al mes. Por 14 pagas, 35 € al año. Pues bien, solamente el gasto que tienen que hacer los pensionistas en copagos y medicamentos desfinanciados por la reforma del Gobierno Rajoy, el RDL 16/2012, supone 120 € al año, más de tres veces que la supuesta revalorización.

Impacto de la des-financiación de medicamentos

¿Cuál ha sido el impacto en los bolsillos de los pensionistas de los medicamentos a los que se quitó la financiación pública (es decir, a los que se puso un copago del 100%) en la reforma de Rajoy?

La estimación, a partir de las medicinas desfinanciadas, los envases vendidos y el importe por envase, es que ese impacto ya alcanzó en 2012 los 257 millones €.

A partir de ese año los laboratorios han llevado a cabo importantes subidas de los precios. De un precio medio por envase de 4,92€ se ha pasado a un precio medio por envase de 8,61€ en 2017, con una “revalorización” del 75%. Como consecuencia, el gasto que han tenido que abonar los pensionistas por medicamentos desfinanciados ha sido de 451 millones € en 2017.

La hemeroteca nos recuerda que en 2012, la entonces consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, advertía que se “vigilara con mucho detenimiento” que después de la des-financiación el precio de esos 450 fármacos no se incrementara ya que eso provocaría “un doble perjuicio”; por una parte, “el de no pagar el Estado la parte correspondiente” y, por otra “una mayor repercusión en el bolsillo de los ciudadanos”, que podrían ver cómo “un medicamento que hoy vale un euro puede llegar a tener un precio ilimitado”.

Obviamente no se vigiló con detenimiento. Si las pensiones han crecido en esos años un 3%, el precio de esos medicamentos creció un 75%. 

Impacto de los copagos en medicamentos financiados

Además de lo que tienen que pagar los pensionistas por los medicamentos que ya no cubre la sanidad pública, se decidió que, también, pagaran un porcentaje por cada medicamento financiado y recetado en la sanidad pública.

Los copagos de medicamentos para pensionistas fijados por el gobierno Rajoy establecen: Ingresos inferiores a 18.000 € año, 8,23 € máximo al mes; 98,76 € máximo año. Ingresos entre 18.000 y 100.000 €, 18,52€ máximo al mes; 222,24€ máximo año.

Pues bien, la estimación del gasto que han soportado los bolsillos de los 8.698.160 pensionistas y sus beneficiarios en copagos, a partir de los datos de las CCAA, asciende a 592 millones € en 2017.

Devaluación real de las pensiones

Sumando la des-financiación y los copagos, el total de aumento de gasto de bolsillo en medicamentos que tienen que hacer los pensionistas como consecuencia del RD 16/2012, ascendería a 1.043 millones € anuales. La revalorización de las pensiones (lo que van aumentar) supone 332,37 millones € según Moncloa.

Si aumentan 332,37 millones € a los pensionistas, y les hacen pagar copagos de medicamentos por importe de 1.043 millones € ¿dónde está la revalorización, Sra. Ministra? ¿No es acaso una devaluación real de 710 millones €? 

En cinco años completos de aplicación de los copagos se han quitado a los pensionistas más de 5.000 millones de euros. Una verdadera sangría.

Argumenta el Gobierno de Rajoy que los copagos son necesarios para moderar el consumo y para ayudar a la financiación del sistema sanitario. Son argumentos perversos. La gran mayoría de los pacientes toman los medicamentos que les recetan sus médicos. Para evitar que se prescriban medicamentos innecesarios se trata de evitar la presión de la industria sobre los médicos y mejorar la formación y la educación sanitaria. En cuanto a la financiación debe quedar claro si queremos una sanidad pública, que se financie con impuestos progresivos, y que esté libre de pago en el momento del uso, o si queremos que cada paciente tenga que pagarse las medicinas, las consultas y las operaciones. Nosotros defendemos una sanidad pública, porque entendemos la salud como un derecho. La financiación debe ser a través de impuestos, y lo que hace falta es que paguen sus impuestos los más ricos y las grandes fortunas que ahora no pagan.

La diferencia de ingresos fiscales entre España y la UE-28 es de 7 puntos del PIB, más de 70.000 millones €, lo que supone más que todo el gasto sanitario público. Por otra parte, si se trata de bajar los gastos hay una partida clarísima: los precios abusivos de los medicamentos, que suponen un gasto añadido, por encima de los costes reales de investigación y fabricación, de 9.000 millones € al año que van a los bolsillos de los altos ejecutivos de las compañías farmacéuticas y los fondos de inversión. Es un escándalo que se les quiten 1.000 millones € al año a los pensionistas en copagos y tengamos que pagar medicamentos que cuestan un euro a un precio de mil euros.

Los copagos son injustos, porque penalizan al más débil, a la persona enferma, a la persona mayor. Como siempre, el poder intenta enfrentar a la gente de a pie y dice: ¿cómo van a pagar copagos los parados, o personas con salarios bajos y no van a pagar los pensionistas? La respuesta es que ya pagamos todos (con los impuestos) y que ninguno tendría que pagar copagos. Y lo que debe hacer el gobierno es arremangarse, hacer que paguen sus impuestos los defraudadores y los evasores fiscales, y bajar los altísimos precios de los nuevos medicamentos.

Si no revertimos esta injusticia vendrán más copagos, más “revalorizaciones” ficticias, más evasión fiscal de los más ricos, y una sanidad pública deteriorada y maltratada que no podremos mantener.

Basta ya de sangrar a los pensionistas y de contarles medias verdades. Dos millones de personas no pudieron comprar las medicinas que les recetaron en la sanidad pública en 2016, según el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad. Por eso, es de justicia que se supriman los

copagos y se reduzca drásticamente el precio de los medicamentos. De esa forma, se evitaría el castigo a los pensionistas y se podrían ahorrar más de 9.000 millones de euros anuales al SNS.